Este artículo, segundo de la serie “Mirada social y política en la gestión de colonias felinas”, examina la distancia entre el diseño técnico del modelo derivado de la Ley 7/2023 y su aplicación en contextos municipales reales. A partir de su sólida base científica —especialmente en los programas de captura, esterilización y retorno (CER)—, se analizan las principales tensiones que dificultan su eficacia: la necesidad de continuidad frente a prácticas administrativas reactivas, la complejidad de una política transversal en estructuras organizativas compartimentadas y los desafíos de evaluar resultados a medio y largo plazo. Asimismo, se destaca la importancia de la adaptación territorial como condición indispensable para una implementación eficaz, subrayando que la solidez técnica, aunque necesaria, no es suficiente sin cambios estructurales, coordinación interinstitucional y una comunicación pública adecuada.

El reconocimiento de los animales como seres sintientes ha supuesto un cambio de paradigma jurídico que interpela directamente al sistema de justicia. Aunque el ordenamiento español ha incorporado importantes avances normativos y jurisprudenciales en materia de protección animal, persiste una carencia estructural: la falta de especialización de juzgados y tribunales en este ámbito. Esta ausencia genera respuestas judiciales dispares ante supuestos similares y dificulta una aplicación coherente de una normativa cada vez más amplia y compleja, que abarca tanto el maltrato animal como la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Desde una perspectiva jurídica y ética, el artículo analiza la necesidad de una especialización judicial y fiscal que permita abordar la protección animal de forma integral, acorde con la consideración de los animales como seres dotados de sensibilidad y con los desafíos que plantea una justicia verdaderamente multiespecie.