El vínculo emocional que se establece entre las personas y sus animales es muy complejo y obedece a los mismos procesos fisiológicos, bioquímicos y hormonales que se establecen con los niños. Se desarrolla un mundo emocional muy complejo y especial que en ocasiones se transforma en una debilidad que aprovechan los agresores para hacer daño psicológico e instaurar un control autoritario hacia las personas vulnerables (cónyuge, menores, personas mayores, personas dependientes, incluso entre vecinos). Cuando se llegan a ocasionar lesiones físicas graves, visibles a los animales ya se han escalado unos cuantos peldaños en la escalera de la violencia porque en la mayoría de los casos previamente han habido amenazas de hacer daño al animal (lesionarlo, envenenarlo o matarlo), castigos desproporcionados, intimidaciones por un trato muy duro y brusco, un rechazo a asegurar los cuidados básicos esenciales o los tratamientos y servicios veterinarios necesarios para el animal, rechazo de abonar facturas entorno al cuidado del animal o amenazas de quitarle el animal a la víctima. Y estos hechos, desgraciadamente, hoy en día no se ven reflejados en los debates y mucho menos en los múltiples textos normativos de protección animal o de protección de las personas víctimas de violencia en el ámbito familiar.

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Dada la cercanía, las múltiples visitas al veterinario al largo de la vida de los animales y el mundo fuertemente emocional que rodea la tenencia de los animales, los propietarios desarrollan un alto vínculo de confianza con los profesionales de los centros sanitarios veterinarios, siendo estos lugares donde empiezan sincerarse y donde dejan aflorar los problemas. Además, en muchas ocasiones nos encontramos con la situación que el propietario legal que aparece en el registro de microchip no es el propietario real del animal porque no es el encargado de sus cuidados ni tiene desarrollado el vínculo emocional con el animal.

Suele ser una situación muy compleja de manejar por un veterinario porque a la hora de necesitar una autorización para realizar pruebas, cirugías o distintos procedimientos, a cambio de la firma observamos intentos de chantajes y coacciones hacia la persona vulnerable, sobre todo en parejas separadas. Este tipo de problemas necesitan urgentemente una mayor seguridad jurídica para proteger el animal, a la persona vulnerable y al profesional.

Actuar en una situación de urgencia el veterinario puede tener una justificación para no esperar a la autorización del propietario legal pero cuando no es así, que son en la mayoría de las veces,  todo el mundo está desprotegido. Y traspasar la titularidad del microchip a día de hoy solo se puede arreglar de tres maneras: traspaso voluntario de la titularidad del microchip, que allí donde hay un intento de control de la víctima no suele ocurrir;  una denuncia judicial para arreglar la propiedad, un procedimiento largo y que no siempre es factible en una pareja ya separada que intenta pasar página o alejarse del agresor; o por la vía administrativa municipal pero esto implica que el animal pase alrededor de 2 meses en las dependencias municipales hasta que se recorren todos los plazos legales para poder traspasar la titularidad, con lo traumático que es tanto para el animal como para la persona y corriendo el riesgo que el propietario legal vaya a reclamar al animal para seguir haciendo daño a la víctima de la agresión.

Si a todo este “cóctel” añadimos que la red de los centros sanitarios veterinarios en más de un 90% está formada por microcentros de menos de 3 trabajadores, mayoritariamente mujeres menores de 45 años, nos podemos imaginar que las actuaciones en situaciones conflictivas ya no se pueden dejar al azar y se necesita un mayor desarrollo de la normativa con protocolos claros de actuación de todos los profesionales implicados, de las fuerzas de seguridad del estado como también de la autoridad judicial para poder ofrecer protección tanto a la víctima, como a los animales y a los profesionales del sector veterinario. (Ver informe de la CEVE, 2020 sobre situación socio económicamente y laboral del sector veterinario)

Los centros sanitarios veterinarios pueden representar un punto de mucho valor para prevenir las agresiones hacia las personas porque no es una situación puntual ni anecdótica, sino que según un estudio realizado en España por Viopet se revela que un 94% de los animales de las víctimas de violencia de género han sufrido agresiones físicas o mentales. Esta es una cifra demasiado alta como para no tenerla en cuenta y como para no actuar. Además, muchos estudios y especialistas coinciden que la violencia hacia los animales está al principio de la escalada de la violencia y trabajar seriamente en descubrir y prevenir el maltrato de los animales significará trabajar de manera eficiente en proteger y prevenir a las víctimas humanas. Pero para esto se necesita prestar atención a todos estos aspectos, desarrollar normativa implicando a todos los profesionales, desarrollar protocolos de actuación, mucha más formación al respeto y un mayor desarrollo de la medicina veterinaria forense.

Foto de Amina Filkis en pexels

Por:

Delia Saleno

Licenciada en Veterinaria

Presidenta de la Confederación Empresarial Veterinaria Española CEVE