Serie: Mirada social y política en la gestión de colonias felinas ·
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Gobernar el cuidado: tensiones humanas, conflicto y legitimidad en la gestión municipal de colonias felinas
20/03/2026
Por:
Ruth Manzanares es profesional en el ámbito de las políticas públicas y la gobernanza, especializada en el diseño, análisis e implementación de políticas de protección animal y en la relación entre animales y sociedad. Funcionaria de carrera de la Administración General del Estado, estuvo destinada en la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Derechos de los Animales durante la tramitación de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, así como de reformas relevantes en materia de régimen jurídico de los animales y maltrato animal.
Su trayectoria combina investigación aplicada, docencia y acción pública. Desarrolla líneas de investigación sobre vínculo humano–animal y perspectiva de género, gobernanza multinivel y gestión pública de poblaciones de animales comunitarios. Es graduada en Ciencias Políticas y Psicología, cuenta con formación especializada en comportamiento animal y es miembro del Consejo Asesor de Derecho Animal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
Las políticas públicas raramente fracasan en el momento en que se aprueban, lo hacen en el momento en que alguien intenta aplicarlas, donde se afrontan las dificultades reales. Entre el texto de una ley y su traducción en actuaciones concretas existe siempre una distancia que los juristas tienden a ignorar y que los gestores públicos conocen demasiado bien. La gestión de colonias felinas, regulada desde 2023 por la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, no es una excepción a esta regla. Es, si acaso, uno de sus ejemplos más ilustrativos: una política que nace con fundamentos técnicos sólidos y que, al entrar en contacto con la vida cotidiana de barrios y municipios, descubre que los principales obstáculos no son técnicos sino humanos, relacionales e institucionales.
Este artículo inaugura la serie Mirada social y política en la gestión de colonias felinas, cuyo propósito es analizar esa distancia entre diseño e implementación desde una perspectiva que presta atención a los actores, los conflictos y las condiciones reales en que se desarrolla la política. No se trata de cuestionar la validez del modelo, sino de entender qué exige su puesta en práctica y qué capacidades institucionales y sociales requiere para ser sostenible. La tesis de fondo es que la eficacia de este modelo depende, en medida decisiva, de la capacidad de las instituciones para reconocer y gestionar las dimensiones humanas que lo atraviesan: el cuidado, el conflicto, el desgaste y la construcción de legitimidad social.
Una política que entra en la vida de las personas
No todas las políticas públicas tienen el mismo grado de penetración en la vida cotidiana. Algunas operan en espacios relativamente cerrados, como la regulación financiera, la planificación urbanística a gran escala, y sus efectos llegan a la ciudadanía de forma mediada e indirecta. Otras, en cambio, se despliegan en los mismos espacios donde las personas viven, se relacionan y dirimen sus diferencias. La gestión de colonias felinas pertenece con claridad a esta segunda categoría, y esa pertenencia tiene consecuencias que el diseño normativo no siempre anticipa.
Lo que desde una perspectiva técnica puede describirse como un programa de control poblacional mediante esterilización sistemática se convierte, en su dimensión práctica, en una intervención que activa emociones intensas, pone en tensión valores contrapuestos y obliga a las administraciones a actuar como árbitros en disputas que desbordan ampliamente el ámbito veterinario. Las decisiones sobre dónde se ubica una colonia, quién la gestiona, qué ocurre con los animales enfermos o con los que generan conflictos vecinales: todas estas cuestiones afectan de manera directa a personas concretas, en espacios concretos, con historias y posicionamientos muy distintos entre sí. Ignorar esta dimensión no la elimina; simplemente la desplaza hacia zonas de la gestión donde resulta más difícil de manejar.
Las administraciones públicas que asumen esta política se encuentran así ante una exigencia que trasciende la aplicación de procedimientos reglados. Deben mediar entre posiciones enfrentadas, gestionar expectativas que con frecuencia no son razonables, comunicar procesos cuyos resultados no son visibles a corto plazo y construir confianza en contextos donde la desconfianza tiene, a menudo, una historia previa. Todo esto sin los instrumentos específicos que esa tarea requeriría y con los recursos que cualquier servicio municipal tiene: limitados, disputados y sometidos a prioridades cambiantes.
Las personas cuidadoras: de la informalidad a la institucionalización
Uno de los elementos que mejor ilustra la complejidad humana de esta política es el papel de las personas cuidadoras de colonias felinas. Su presencia en el modelo no es nueva ni fue diseñada desde arriba: en la mayoría de los municipios españoles, estas personas llevan años —en muchos casos décadas— realizando una labor de atención, alimentación y control poblacional que la administración ni financiaba ni reconocía formalmente, pero de la que, en la práctica, dependía. La Ley 7/2023 las incorpora al marco de gestión pública, legitimando y regulando una práctica que existía con anterioridad al propio marco normativo.
Este reconocimiento supone un avance indudable, pero abre también un proceso de institucionalización que no está exento de tensiones. Cuando prácticas que se han desarrollado durante años de manera autónoma, guiadas por una ética del cuidado de fuerte carga emocional y escasa formalización, pasan a integrarse en estructuras administrativas con sus propias lógicas, tiempos y procedimientos, el encuentro no siempre es armonioso. La incorporación al modelo implica redefinir roles y responsabilidades, asumir obligaciones que antes no existían y someterse a formas de supervisión y control que pueden vivirse como una intromisión en lo que durante mucho tiempo fue un espacio propio. Gestionar esa transición con inteligencia institucional, reconociendo lo que las personas cuidadoras aportan sin ignorar las fricciones que genera su integración formal, es uno de los retos más delicados de la implementación.
El conflicto como parte inherente de la política
La gestión de colonias felinas genera conflictos. Este dato, que puede parecer una obviedad, tiene sin embargo implicaciones importantes para el diseño y la evaluación de la política. Los conflictos vecinales en torno a las colonias combinan preocupaciones de muy distinta naturaleza: algunas son objetivamente legítimas —cuestiones de salubridad, uso del espacio público, bienestar de los propios animales—; otras responden a percepciones negativas de difícil argumentación racional; otras, en fin, son el producto de tensiones preexistentes entre vecinos o grupos que utilizan la colonia como objeto de disputa por razones que tienen poco que ver con los gatos. Esta mezcla hace especialmente difícil la intervención institucional.
Lo relevante no es que los conflictos existan, sino que su existencia no debe interpretarse como un indicador de fracaso del modelo. En cualquier política que interviene sobre prácticas sociales arraigadas y sobre el uso de espacios compartidos, el conflicto es una consecuencia esperable, no una anomalía. Lo que sí indica la presencia de conflictos no gestionados —o gestionados deficientemente— es la ausencia de capacidades institucionales específicas: herramientas de mediación, protocolos de intervención, personal formado para manejar situaciones de alta carga emocional. Desarrollar esas capacidades no es un complemento del modelo técnico; es una condición de su viabilidad.
Desgaste, género y sostenibilidad humana del modelo
La implementación de esta política tiene un coste humano que rara vez aparece en los documentos técnicos pero que condiciona de manera determinante su sostenibilidad. Las personas cuidadoras se enfrentan con frecuencia a situaciones de sobrecarga —física, emocional y económica— que se derivan de asumir, con recursos propios y escaso apoyo institucional, una responsabilidad que la norma ha convertido en pública sin haber garantizado plenamente los medios para su ejercicio. A esto se añaden la exposición constante al conflicto vecinal, la inseguridad jurídica en determinadas situaciones y, en algunos casos, dinámicas de maltrato institucional que erosionan la confianza y agotan la disposición a colaborar.
Esta realidad tiene también una dimensión de género que no puede pasarse por alto. Se trata de un ámbito altamente feminizado, en el que operan con frecuencia mecanismos de devaluación del saber práctico acumulado: la infantilización de las personas cuidadoras, el cuestionamiento de su legitimidad para participar en decisiones técnicas, el edadismo con que a veces se percibe su implicación. Estos mecanismos no son marginales: dificultan la integración plena de estas personas en las estructuras formales de gestión y reproducen, en un ámbito específico, desigualdades más amplias en el reconocimiento del trabajo de cuidado. Una política pública que aspire a ser justa no puede ignorar esta dimensión.
De forma paralela, el personal técnico de las administraciones locales encargado de gestionar esta política se enfrenta a sus propias formas de desgaste: presiones contradictorias de distintos grupos ciudadanos, limitaciones presupuestarias que impiden actuar con la agilidad que el trabajo requiere y un marco normativo que, aunque claro en sus principios, exige una interpretación constante en la práctica diaria. La formación específica para afrontar estas situaciones —tanto en términos técnicos como en habilidades de mediación y gestión emocional— es una carencia estructural que el sistema aún no ha resuelto.
Gobernar el cuidado: una apuesta institucional de largo plazo
Hay una característica de esta política que la distingue de otras intervenciones públicas y que condiciona de manera especial su gestión: sus resultados no son visibles a corto plazo. La estabilización de una colonia, la reducción sostenida de los conflictos, la consolidación de una red de gestión que funcione con independencia de las personas que la sostienen en un momento dado: todo esto requiere tiempo, continuidad y una acumulación de pequeñas decisiones correctas que difícilmente generan titulares pero que determinan, a medio plazo, si el modelo funciona o no. En un contexto político y mediático orientado a resultados rápidos y comunicables, esta característica es una fuente permanente de tensión.
La comunicación pública adquiere en este contexto una función que va más allá de la mera difusión de información. Explicar los tiempos reales de la política, gestionar las expectativas sociales, dar visibilidad a avances que no siempre son espectaculares pero que son reales: todo esto contribuye a construir la legitimidad social sin la cual ningún modelo técnicamente correcto puede sostenerse. Las administraciones que han comprendido esto han invertido en comunicación no como un añadido sino como parte del núcleo de la gestión.
Abordar la gestión de colonias felinas como lo que realmente es —una política de cuidado, convivencia y gobernanza del espacio compartido, no simplemente un programa de control animal— implica reconocer que su sostenibilidad depende de condiciones que trascienden la corrección técnica del modelo. Depende de la capacidad institucional para integrar la complejidad humana de su implementación, para invertir en las personas que la sostienen y para construir, a lo largo del tiempo, una legitimidad social que no se decreta sino que se gana. Los artículos siguientes de esta serie abordan, cada uno desde un ángulo específico, las dimensiones que hacen de esta tarea un desafío institucional de primer orden.
Referencias:
- Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. BOE núm. 75, 29 de marzo de 2023.
- Gilligan, C. (1982). In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development. Harvard University Press.
- Lipsky, M. (1980). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. Russell Sage Foundation.
- Subirats, J., et al. (2008). Análisis y gestión de políticas públicas. Ariel.
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