En España ha habido algún intento para aprobar una ley de protección animal, siendo éste el caso de la proposición no de ley que fue presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados el 11 de mayo de 2017. Esta iniciativa ya dejó claro la necesidad de la aprobación de una norma estatal ante la dicotomía existente entre toda la normativa de protección animal en cada una de las comunidades autónomas. Esta proposición ya dejó entrever el alto porcentaje de animales que se encuentran en los hogares españoles, no limitándose a perros y gatos, sino que se pueden encontrar otras muchas especies, poniendo el acento en el número elevado de animales que son abandonados cada año en nuestro país, cuya cifra rondaba los 140.000 animales en el año 2016,  refiriéndose solo a perros y gatos, sin contabilizar al resto de especies.

Entre las propuestas del Grupo Ciudadanos se encontraba, entre otras, el control de los criadores, siendo unos de los graves problemas la ausencia de controles específicos en esta área, dado que no solo encontramos criadores oficiales, sino que existe una enorme economía sumergida que escapa a todo control de las autoridades. Otra de las medidas propuestas fue la de la creación de una base de datos de identificación de animales a nivel nacional, donde pueda realizarse una consulta por los miembros de las FFyCCS y por veterinarios de aquellos animales que han sido encontrados fuera de su residencia habitual y que en ocasiones resulta complicado consultar las bases de datos de otras autonomías debido a las dificultades de acceso a los datos de los propietarios dónde han sido dados de alta; o la creación de un registro de infractores en el ámbito de la protección animal, ya que muchos de los que han sido, o bien condenados por infracción penal o por la comisión de un ilícito administrativo, pueden volver a adquirir de nuevo un animal sin ningún tipo de problemas.

Esta proposición no de ley finalmente quedó en nada, ya que la aprobación de una norma de protección animal, no forma parte de la agenda política de ningún partido al no ser considerada una necesidad de primer orden. Lo mismo sucede con la reforma del Código Civil y la consideración de los animales como seres sintientes, encontrándose pendiente de su aprobación en el Congreso de los Diputados, desde hace ya varios meses.

Pero, sin embargo, resulta obligado nombrar a la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, que es la única que habiendo modificado su Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, ha incluido dentro de su articulado a los animales como seres sensibles en su art. 35 “Derechos de los animales. En los términos que se fijen por ley, de acuerdo con la Constitución y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las administraciones públicas canarias velarán por el mantenimiento y la salvaguarda de los animales, además de reconocerlos como seres que sienten y con derecho a no ser utilizados en actividades que conlleven maltrato o crueldad”.

Cataluña en 2006 modificó su Derecho Foral propio, en concreto el art. 511.1 de su CC, dejando de considerar a los animales dentro de su territorio el modelo cartesiano de cosas. Este artículo quedó redactado de la siguiente forma: “Art. 511.1 Bienes. 3. Los animales, que no se consideran cosas, están bajo la protección especial de las leyes. Solo se les aplican las reglas de los bienes en lo que permite su naturaleza”. Pero además, también su ley de protección animal reconoció la sentiencia de los animales, no solo física sino también psíquica, dentro de su art. 2 “Finalidad y principios”, siendo el punto 2 y 3  del artículo el que reconoce las capacidades de los animales para sentir, evitando causarles cualquier sufrimiento que les pueda producir cualquier tipo de ansiedad. Este artículo reza de la siguiente forma: “2. Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad física y psíquica, así como de movimiento voluntario, y deben recibir el trato que, atendiendo básicamente a sus necesidades etológicas, procure su bienestar. 3. Nadie debe provocar sufrimientos o maltratos a los animales o causarles estados de ansiedad o miedo”.

Leyes autonómicas de protección animal, en referencia a la identificación, adquisición y abandono de animales de compañía.

17 autonomías, 17 leyes diferentes.

Pese a los intentos de aprobar una ley estatal en el año 2016, ésta quedó en un cajón a la espera de nuevas propuestas por parte de los diferentes grupos políticos. En el ámbito de los animales de compañía existe una normativa en cada una de las comunidades autónomas, siendo muy dispar de unas a otras, si tenemos en cuenta además, que en cada una de ellas el gobierno de turno pertenece a colores políticos diferentes y por tanto, con diferentes intereses a la hora de aprobar leyes más o menos proteccionistas.

No en vano, en el año 2017, alguna que otra autonomía, sometida a la presión del Lobby de la caza, pretendía dejar fuera de las leyes de protección animal a los perros de caza, los grandes olvidados y un sector dónde año tras año, se producen verdaderas masacres sobre estos animales, y todo ello, debido a la falta de control de su identificación en el registro autonómico correspondiente, incluyendo la ausencia de datos en el censo municipal dónde éstos se encuentran. Es más, estos animales siempre se busca la excelencia por parte del cazador, obligando a críar sin ningún tipo de control, siendo desechados como si de basura se tratara aquellos que no entran dentro de sus perspectivas para la caza.

Este verano, en una entrevista con una fundación financiada con fondos extranjeros (cuyo nombre omitimos por seguridad), como otras muchas en casi todo el estado nacional, los empleados contaban cómo los cazadores llevan las crías que desechan a los veterinarios para que sean sacrificadas porque no son viables para la caza o del sexo que necesitan para cazar, o cómo acuden a los refugios con perros que les son inservibles bajo la amenaza que “si no los cogen les sale mucho más baratos pegarles un tiro”. Son palabras textuales de empleados y que es conocido en muchas zonas de España, que pese a tener una ley de protección animal autonómica no se aplica.

Se han consultado todas las normativas autonómicas, y aunque son muy similares unas a otras, en determinados aspectos existen diferencias notables entre ellas. Por poner un ejemplo en cuanto a la tipificación de infracciones se observa que la Comunidad Autónoma de Aragón solo incluye 3 infracciones muy graves, frente a Andalucía y Navarra que tipifican 17 tipos de infracciones, o las sanciones, dado que en 6 autonomías, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, País Vasco, pese a haber sufrido su última reforma el 30 de abril de 2012 no ha modificado ni las cuantías ni las ha pasado a euros, como si ha ocurrido en otras comunidades autónomas, y Valencia, donde las cuantías constan todavía en pesetas, no habiendo sido siquiera reformadas estas normas para adaptarlas a la actualidad vigente, máxime cuando la sociedad demanda leyes más protectoras y sanciones más duras contra el maltrato y el abandono.

La forma en que las diferentes comunidades autónomas regulan el abandono de animales también difiere mucho de unas a otras, ya que algunas lo tipifican como infracciones graves, frente a otras que lo tipifican como muy graves. La única coincidencia ente ellas es que todas establecen la prohibición del abandono, y que en su mayoría se regula al principio de cada norma autonómica.

Así las cosas las autonomías de tipifican como infracciones muy graves el abandono de animales son Andalucía, Asturias (solo si se trata de animales PPP), Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha,Castilla-León, Cataluña, en este último caso si el abandono se hubiera producido de manera que la vida del animal puede estar en peligro, pero aún así, si se dieran este tipo de circunstancia debería dirimirse por la vía penal, dado que el art. 337 bis del Código Penal regula el abandono de animales, máxime cuando la vida del animal corre peligro, Valencia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja (Ver legislación al final del post).

Sin embargo, otras CA catalogan el abandono como infracción grave, entre las que se encuentran Aragón, Asturias, Extremadura, Galicia. Así las cosas, a la hora de instruir el correspondiente expediente sancionador, la sanción que recaiga, en función de la autonomía, también será completamente diferente, de una a otra, dado que cada una tiene un cuadro de sanciones muy diferente. Por ejemplo autonomías como Baleaes, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Euskadi o Valencia, todavía muestran sus sanciones en pesetas. Luego encontramos que la sanción más grave contemplada la regula La Rioja, cuya cantidad máxima son 100.000 Euros, frente a la Castilla-La Mancha, cuyó máximo por infracción muy grave es de 15.000 Euros.

Se puede observar la discrepancia existente en cada una de las autonomías a la hora de regular tanto las infracciones como las sanciones a imponer por la comisión de éstas. Así las cosas se hace evidente que el hecho de tener competencias en una determinada materia en cada CA, no debía ser obstáculo para que el Estado marque unos mínimos a la hora de imponer unos criterios para que no haya diferencias en todo el territorio nacional a la hora de legislar, máxime cuando se trata de procedimientos de carácter sancionador, y de imponer sanciones por la comisión de un ilícito administrativo, dado que en este tipo de procedimientos está equiparado prácticamente a un procedimiento penal, cuya única diferencia estriba en que en el procedimiento administrativo no hay sanción de privación de libertad como en el penal, pero se rigen por los mismos principios que se rige el proceso penal.

Más de 8.000 municipios con sus respectivas Ordenanzas.

Además de la normativa autonómica de protección animal y que suman un total de 17 leyes totalmente diferentes de unas a otras, sin sumar las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, nuestro país cuenta con más de 8.000 municipios, con lo que éstos a su vez aprueban sus propias ordenanzas de protección animal, lo que nos lleva a una saturación de normas en el mismo ámbito con regulaciones diferentes en una misma provincia, dado que, aunque las ordenanzas municipales no pueden contravenir la normativa autonómica, por ser de rango superior, algunas sin embargo también regulan dentro de su municipio e incluyen a los animales potencialmente peligrosos, que se encuentra recogido en la Ley 50/1999. A este respecto hay que añadir, que no solo recogen un elenco de infracciones y sanciones por la comisión de ilícitos administrativos dentro de su término municipal, que pueden ser los mismos, e incluso diferentes, a lo que establecen su normativa autonómica de protección animal, pero lo que sin embargo puede resultar incluso más grave e irregular, es cuando dentro de estas ordenanzas encontramos que el número de perros potencialmente peligrosos difiere mucho con el número recogido en la propia norma estatal 50/1999 y el Real Decreto 287/2002, en el que se recogen las razas de ppp, siendo éstas: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier., American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu.

El resultado es desconcertante cuando consultamos ordenanzas de ciudades e incluso Decretos autonómicos sobre perros potencialmente peligrosos. Esta ordenanza lo regula en su art.2.2, en la cual establece lo siguiente: “Perros que hayan sido entrenados para la guardia y defensa. Perros que por sus características raciales pudieran ser aptos para el entrenamiento, para la guardia y defensa y en concreto los pertenecientes a las razas siguientes: American Staffors, Hire Terrier, Pit Bull Terrier, Bullmastif, Dobermann, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Dogo del Tibet, Fila Brasileño, Mastín Napolitano, Presa Canario, Presa Mallorquín (Que de Bou), Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, Tosa Inu y Akita Inu. También serán considerados en este apartado los cruces en primera generación de éstas con otras razas, obteniendo una tipología similar a alguna de las razas anteriormente descritas”.

La tenencia de estos animales no obliga a su esterilización en todas las autonomías, y por tanto no evita la cría incontrolada, sino solo en determinados casos de agresiones. Algunas autonomías, como se verá en el punto siguiente, si establecen sus leyes de protección animal que cuando se produzca una venta o adopción, los animales deberán ser entregados esterilizados, o mediante compromiso que será esterilizado si no posee la edad para la intervención. Esto evitaría las camadas indeseadas y la economía sumergida que existe en este ámbito. Tras la masificación de los refugios de animales abandonados con razas declaradas potencialmente peligrosas, existe una falta de compromiso y de aplicación de las normas por aquellas entidades que tienen la obligación de hacer cumplir las leyes. Esto conlleva que se deben adoptar medidas coercitivas respecto de aquellas actividades no declaradas de cría y venta. En este sentido los municipios tienen la llave en la mano para hacer cumplir las normas, sobretodo en los más pequeños, y sobre cualquiera de las razas de animales de compañía, ya que no solo los perros declarados ppp son los que se llevan la peor parte, sino que debemos contabilizar a los perros de rehalas, donde existen zonas en nuestro país que son verdaderos centros de cría, abandono y deshecho de animales cuando éstos no cumplen su función para la caza o son desechados porque ya no sirven, tratados como juguetes inservibles que pueden acabar en una fosa común, ahorcados, con numerosos disparos en sus débiles cuerpos, y el que corre mayor “suerte” puede llegar a ser abandonado, pudiendo ser recogido por alguna asociación que le podrá una segunda vida.

Dado la falta de un seguimiento en cuanto al censo de animales en los ayuntamiento y ausencia de control de las poblaciones caninas dentro del municipio, ya no solo de perros mestizos o de raza y no catalogados como PPP, sino en lo referente a estos últimos, el abandono de estos animales copa en mayor medida las entradas a los refugios de animales. Por ejemplo, a primeros de 2019 saltó a la prensa una noticia en la que en un parque infantil de Sevilla, habían sido abandonados casi una veintena de perros catalogados como PPP. Así las cosas, cabe insistir en la falta de control de las administraciones, y en su caso, la falta de colaboración por parte de clínicas veterinarias, con las poblaciones de animales de compañía que se encuentran dentro de los términos municipales, dado que estos animales carecían de identificación, y que además en un momento dado, dependiendo de la edad de los animales en cuestión, pueden haber recibido algún tratamiento sanitario, dado el buen estado de los animales.

Noticias como ésta demuestran que la falta de responsabilidad por parte de propietarios y la ausencia de aplicación en medidas para acabar con la cría indiscriminada de animales, máxime cuando las razas más esticmatizadas, como la de las declaradas potencialmente peligrosas, hace que muchos de ellos acaben sus vidas en refugios, en el caso de tener su norma autonómica el sacrificio 0, o bien acaben siendo sacrificados ante las pocas probabilidades de adopción. En este contexto, la prensa se hace eco de este sinsentido como la noticia de El País, o  esta noticia de El Español

Los perros de caza también son los que mayormente salen perjudicados de la cría indiscriminada y que no constan en los censos que obligatoriamente deben llevar la administración local. Hay que añadir que estos animales, se trate de ppp, perros de caza, de compañía, exhibición, etc., todos deben estar debidamente identificados, además de vacunados, por lo que también juegan un papel importante los veterinarios. En este último caso, los veterinarios deberían de dar cuenta al Registro correspondiente, o bien al ayuntamiento de la localidad dónde reside, que un perro de determinadas características no está debidamente identificado como marca la ley autonómica, y por tanto, se debería obligar al propietario a realizar las gestiones correspondientes para que estos animales “consten” en un registro creado expresamente para este fin.

continuará…

En el próximo post sobre este tema: la economía sumergida, el fraude ante la administraciones, los criaderos ilegales, las administraciones frente al abandono…